Un nuevo episodio de tensión política se desata en Venezuela tras la orden de arresto emitida por la fiscalía venezolana contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien denuncia fraude electoral en los recientes comicios presidenciales. La orden ha generado un rechazo unánime de nueve países latinoamericanos y ha sido condenada por Estados Unidos, la Unión Europea y España.
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han emitido un comunicado conjunto rechazando «de manera inequívoca y absoluta» la orden de arresto contra González Urrutia. El opositor, quien desde la clandestinidad continúa reivindicando su triunfo en las elecciones de julio, ha sido acusado de «desobediencia de leyes» y «conspiración», entre otros cargos, por la fiscalía venezolana.
«Condenamos estas prácticas dictatoriales en un país donde no hay separación de poderes ni garantías judiciales mínimas», señala el comunicado. Los países firmantes han reiterado su compromiso de exigir a las autoridades venezolanas que se respete la vida, la integridad y la libertad de González Urrutia.
Estados Unidos, a través de su jefe de diplomacia para América Latina, Brian Nichols, se sumó a las condenas internacionales, calificando la orden de arresto como un «intento injustificado» de silenciar a González Urrutia. «Maduro ha ordenado la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas», afirmó Nichols en la red social X, señalando la falta de transparencia en los resultados electorales.
En Europa, el Gobierno español expresó su rechazo a «cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales» del candidato opositor. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores destacaron la importancia de la libertad de expresión y manifestación, condenando la persecución política en Venezuela. Sin embargo, España, al igual que la Unión Europea, aún no ha reconocido oficialmente a González Urrutia como presidente electo.
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también condenó la orden de detención, instando a las autoridades venezolanas a respetar los derechos humanos y la voluntad del pueblo. «Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil», enfatizó Borrell, subrayando la falta de legitimidad en la proclamada victoria de Maduro.
La situación en Venezuela sigue generando tensiones en la comunidad internacional, con crecientes llamados a una solución negociada y pacífica que respete la voluntad popular. Mientras tanto, González Urrutia continúa en la clandestinidad, respaldado por un amplio sector de la oposición que lo reconoce como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales.